Qué es la Ley 1/2025 y a quién obliga
La Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, es la primera norma española que regula de forma transversal cómo deben actuar las empresas de la cadena alimentaria para reducir el desperdicio de comida. Afecta a toda la cadena: producción primaria, industria, distribución, hostelería y restauración.
La obligación central es que cada agente de la cadena disponga de un plan de prevención de pérdidas alimentarias, aplique una jerarquía de prioridades en el uso de los alimentos y, cuando proceda, formalice convenios con entidades receptoras (bancos de alimentos, entidades sociales) para donar los excedentes aptos para consumo humano.
No es una norma simbólica: incorpora un régimen de infracciones y sanciones económicas y faculta a las comunidades autónomas para inspeccionar y sancionar. Las empresas de hostelería, restauración y distribución son las más expuestas porque manejan producto perecedero y atención al público.
- Empresas de distribución alimentaria (supermercados, mayoristas).
- Hostelería y restauración (restaurantes, catering, comedores colectivos).
- Industria de transformación de alimentos.
- Producción primaria agraria, ganadera y pesquera.
Las tres obligaciones clave que debes documentar
Primera: el plan de prevención. Cada empresa debe analizar dónde se generan sus pérdidas y aplicar medidas para evitarlas. La ley exige poder demostrar ese análisis y las medidas adoptadas, no basta con la intención.
Segunda: la jerarquía de aprovechamiento. Los alimentos deben destinarse, por orden de prioridad, a: consumo humano (donación a entidades sociales o venta a precio reducido), alimentación animal, uso industrial (subproductos), y solo como último recurso a compostaje o valorización energética. Tirar a residuo lo que podía aprovecharse es lo que la norma quiere erradicar.
Tercera: los convenios de donación. Las empresas que generen excedentes aptos para el consumo deben tener acuerdos formalizados con entidades receptoras para canalizarlos, con trazabilidad de qué se dona, cuándo y a quién.
- Plan de prevención escrito y revisable, con medidas concretas.
- Trazabilidad de la jerarquía: registro de qué se dona, transforma o desecha.
- Convenios firmados con entidades receptoras de excedentes.
- Cuantificación periódica del desperdicio generado.
Sanciones: de 2.001 € a 500.000 €
El régimen sancionador clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves. Las sanciones económicas van desde 2.001 € por las infracciones leves hasta 500.000 € por las muy graves, además de posibles sanciones accesorias.
Entre las conductas sancionables están no disponer del plan de prevención, no respetar la jerarquía de usos cuando los alimentos eran aprovechables, no tener convenios de donación estando obligado, o reincidir tras un requerimiento. La carga de la prueba de que se actuó correctamente recae en la empresa, de ahí la importancia de documentar y trazar todo.
Las comunidades autónomas son competentes para inspeccionar. Una inspección que encuentre producto apto desechado sin haber agotado la jerarquía, sin plan y sin convenios, es el escenario de máximo riesgo.
Checklist de cumplimiento accionable
Para reducir el riesgo sancionador conviene tener cerrados estos puntos cuanto antes, porque el régimen sancionador ya es exigible:
- Redactar el plan de prevención de pérdidas y dejarlo por escrito.
- Implantar un sistema para cuantificar el desperdicio (kg/mes por categoría).
- Firmar convenios con uno o varios bancos de alimentos / entidades sociales.
- Registrar cada donación con fecha, producto y entidad receptora.
- Formar al personal en la jerarquía de aprovechamiento.
- Conservar la documentación lista para una eventual inspección autonómica.